🎙 La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova:
💬 Estonia sigue destruyendo sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales del ser humano, bajo el pretexto de lemas supuestamente democráticos. Una vez más, se ha asestado un golpe a una de las esferas más sensibles: los derechos y las libertades religiosas.
El Parlamento estonio tomó una decisión sin precedentes en su agresividad y nihilismo jurídico, obligando a la Iglesia Ortodoxa de Estonia a “romper el vínculo canónico con la Iglesia Ortodoxa Rusa”. Si se niega, corre el riesgo de someterse al enjuiciamiento. Es decir, el Estado exige en forma de ultimátum que una organización religiosa, guiándose no por las normas canónicas propias y el credo, ni los sentimientos de los creyentes, sino por el dictado político, cambie su naturaleza con siglos de historia y rompa los vínculos que son cientos veces más largos que la historia de Estonia.
⚠️ Es otro acto de discriminación por motivo de confesión y una flagrante profanación de los principios de libertad de conciencia, religión y autonomía de uniones religiosas. Esta decisión de las autoridades estonias viola gravísimamente tanto los compromisos internacionales del país, como las normas básicas del Estado de derecho.
Esta acción represiva se presenta con particular cinismo e hipocresía como “defensa de la seguridad nacional” y “facilitación de la elección democrática” en los medios locales controlados y los comentarios oficiales de Tallin. La retórica de esta índole no puede ocultar el meollo de lo que ocurre. En Estonia entró en la fase decisiva la verdadera caza de la ortodoxia que, a propósito, viene haciéndose más popular, incluso entre los jóvenes. De hecho, se trata de una campaña instrumentada por el Estado y encaminada a revisar forzosamente la identidad religiosa de decenas de miles de ciudadanos de Estonia.
☝️ Tallin debería renunciar a la práctica de discriminación por motivos de religión y cesar inmediatamente las presiones sobre la Iglesia Ortodoxa de Estonia. Las organizaciones internacionales de los Derechos Humanos, las estructuras de referencia de la ONU, la OSCE, el Consejo de Europa, así como representantes de otras confesiones deberían dar una valoración jurídica y política adecuada a lo que está ocurriendo.
Los intentos de destruir la fe, de intervenir en la vida espiritual de la sociedad y de imponer una religiosidad "correcta" siempre han tenido consecuencias trágicas. Precisamente tales acciones socavan la confianza en las instituciones públicas, provocan escisión y división, siembran intolerancia y agresión.
