⭕️Resistencia Activada❌
Canal de apoyo a los denunciantes de corrupción. Libertad para el juez Fernando Presencia.
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Feb 07, 2025Рекордтар
05.03.202518:54
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Funcionario de Prisiones
03.04.202516:59
Entrevista en directo este jueves 3 de abril a las 20.00 sobre el caso del Juez Fernando Presencia presuntamente encarcelado para silenciarlo por haber destapado casos de corrupción en altas esferas judiciales y políticas. Entra al directo de YouTube con su Abogado Florentino García González y su portavoz/gestor de redes sociales Albert Portabella https://www.youtube.com/c/FuncionariodePrisiones
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⚖️JUEZ PRESENCIA⚖️
26.03.202519:38
🔴 Queridos amigos y seguidores,
Cada día estoy más cerca de la libertad y de volver a estar con vosotros. Nos han dado la razón, pero la lucha aún no ha terminado. Debemos seguir adelante, sin miedo y con más fuerza.
Os necesito a mi lado. Vuestra ayuda y compromiso han sido esenciales, y lo seguirán siendo. No podemos rendirnos ahora. Sigamos juntos hasta el final.
Gracias de corazón.🙏
📲Métodos de ayuda rápida:
– Bizum: 686659291
– Bizum: 613035429
💳Transferencias a:
– IBAN: ES96 0081 2803 1000 0307 6911
✅ Únete a mi canal de Telegram: https://t.me/juezFernandoPresencia
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MV-XIII
24.03.202518:13
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01.04.202507:54
🔴El juez Presencia le pide a la AN que corrija todos los errores que han cometido con él y con sus hijas menores de 3 y 7 años de edad, que aún siguen procesadas, y ordene de una vez el archivo definitivo de las actuaciones y su puesta en libertad.
El escrito que ha sido dirigido hoy al juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN), dice así:
“Otro sí primero digo que, procedo al sustituto legal del recursado (esta vez Santiago Pedraz) a dejar sin efecto todas las medidas cautelares acordadas en el presente procedimiento, tanto las personales dirigidas contra el juez Presencia en el auto de 21 de julio de 2023, que deberá ser corregido para ordenar al centro penitenciario de Topas (Salamanca) su excarcelación definitiva; como las dirigidas contra sus dos hijas menores de 3 y 7 años de edad, cuya investigación ordenada por el juzgado debe ser declarado que ha sido debida exclusivamente a un error material; debiéndose declarar igualmente que las medidas cautelares, tanto personales como patrimoniales, acordadas en relación con ACODAP han sido debidas también a un error material al no haber sido llamada nunca la asociación con las garantías previstas en el artículo 119 de la LECrim; debiéndose dejar sin efecto, de la misma manera, todas las demás medidas cautelares acordadas en relación con el resto de los investigados; debiendo proceder finalmente el juzgado a la convocatoria de todas las partes a una vista en la que se debata lo oportuno para el archivo de las presentes actuaciones en los términos previstos en el artículo 38.5 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.
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El escrito que ha sido dirigido hoy al juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN), dice así:
“Otro sí primero digo que, procedo al sustituto legal del recursado (esta vez Santiago Pedraz) a dejar sin efecto todas las medidas cautelares acordadas en el presente procedimiento, tanto las personales dirigidas contra el juez Presencia en el auto de 21 de julio de 2023, que deberá ser corregido para ordenar al centro penitenciario de Topas (Salamanca) su excarcelación definitiva; como las dirigidas contra sus dos hijas menores de 3 y 7 años de edad, cuya investigación ordenada por el juzgado debe ser declarado que ha sido debida exclusivamente a un error material; debiéndose declarar igualmente que las medidas cautelares, tanto personales como patrimoniales, acordadas en relación con ACODAP han sido debidas también a un error material al no haber sido llamada nunca la asociación con las garantías previstas en el artículo 119 de la LECrim; debiéndose dejar sin efecto, de la misma manera, todas las demás medidas cautelares acordadas en relación con el resto de los investigados; debiendo proceder finalmente el juzgado a la convocatoria de todas las partes a una vista en la que se debata lo oportuno para el archivo de las presentes actuaciones en los términos previstos en el artículo 38.5 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.
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07.04.202508:26
🔴Según propone ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Presencia:
El PP y el PSOE deben alcanzar un acuerdo y firmar el pacto para la asunción de las responsabilidades civiles y políticas por los errores cometidos en la gestión de la DANA, que permita aprobar los Presupuestos Generales y que lleve aparejada la dimisión en bloque de los dos ministros implicados, Marlaska y Robles, y del presidente Mazón.
En una nota de prensa hecha pública hoy ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Presencia, propone que el pacto para la asunción de las responsabilidades civiles y políticas por la emergencia de la DANA bascule sobre un eje fundamental.
Y es que, las responsabilidades penales de los posibles implicados deberán estar vinculadas necesariamente a la Administración del Estado, que es la única que puede ser declarada responsable civil subsidiaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal, en relación con la Ley de Aguas aprobada por la L 29/1985, de 2 de agosto.
Según el comunicado, esta idea viene abonada por el hecho de que el día 29 de octubre de 2024 se cruzaron dos alertas, y sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, presidida por Miguel Polo Cebellán, se preocupó solo por la primera, del posible colapso de la presa de Forata, que finalmente no ocurrió.
Cebellán no dio órdenes para calcular cuándo se iba a producir el desbordamiento del Barranco del Pollo, porque solo estaba preocupado por la presa de Forata. Y el presidente de la CHJ tampoco recibió órdenes de quien debía darlas, que no era otra que la ministra para la Transición Ecológica en aquellas fechas, Teresa Ribera.
Ribera estaba desaparecida preparando su acceso en la Comisión Europea.
Para colmo, y a pesar de que la UME intervino en las labores de emergencia al mediodía del 29 de octubre, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, tampoco lo puso en conocimiento oficialmente del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, que era quien debía declarar el estado de alarma.
Marlaska no quiso actuar de oficio porque no quiso evidenciar que Teresa Ribera no estaba en España.
Con esas, y desbordado ya el Barranco del Poyo aguas abajo, Mazón tampoco declaró el nivel 3 de la emergencia porque también estaba desaparecido, en este caso en “El pentorro”.
Con todo este panorama, las responsabilidades penales por la DANA en el juzgado de Catarroja, ya no serían tan importantes si el PP y el PSOE alcanzaran un acuerdo y firmaran el pacto para la asunción de las responsabilidades civiles y políticas por los errores cometidos en la gestión de la tragedia.
Este acuerdo, dice el juez Presencia, debería pasar necesariamente por el cese en bloque de los dos ministros implicados, Marlaska y Robles (Ribera ya está fuera del Gobierno), y la dimisión del presidente Mazón.
Así concebido, el pacto incluiría la aprobación de los presupuestos generales, necesarios para que el Estado sea quien se haga cargo de las indemnizaciones por los daños personales y materiales de la DANA, y de los importes exigidos para la “Reconstrucción”.
✅Sigue la cuenta Twitter (X) @juez_fpresencia
https://x.com/juez_fpresencia?s=21&t=nKA4FC-k_b6GC5sq56RVrg
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El PP y el PSOE deben alcanzar un acuerdo y firmar el pacto para la asunción de las responsabilidades civiles y políticas por los errores cometidos en la gestión de la DANA, que permita aprobar los Presupuestos Generales y que lleve aparejada la dimisión en bloque de los dos ministros implicados, Marlaska y Robles, y del presidente Mazón.
En una nota de prensa hecha pública hoy ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Presencia, propone que el pacto para la asunción de las responsabilidades civiles y políticas por la emergencia de la DANA bascule sobre un eje fundamental.
Y es que, las responsabilidades penales de los posibles implicados deberán estar vinculadas necesariamente a la Administración del Estado, que es la única que puede ser declarada responsable civil subsidiaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal, en relación con la Ley de Aguas aprobada por la L 29/1985, de 2 de agosto.
Según el comunicado, esta idea viene abonada por el hecho de que el día 29 de octubre de 2024 se cruzaron dos alertas, y sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, presidida por Miguel Polo Cebellán, se preocupó solo por la primera, del posible colapso de la presa de Forata, que finalmente no ocurrió.
Cebellán no dio órdenes para calcular cuándo se iba a producir el desbordamiento del Barranco del Pollo, porque solo estaba preocupado por la presa de Forata. Y el presidente de la CHJ tampoco recibió órdenes de quien debía darlas, que no era otra que la ministra para la Transición Ecológica en aquellas fechas, Teresa Ribera.
Ribera estaba desaparecida preparando su acceso en la Comisión Europea.
Para colmo, y a pesar de que la UME intervino en las labores de emergencia al mediodía del 29 de octubre, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, tampoco lo puso en conocimiento oficialmente del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, que era quien debía declarar el estado de alarma.
Marlaska no quiso actuar de oficio porque no quiso evidenciar que Teresa Ribera no estaba en España.
Con esas, y desbordado ya el Barranco del Poyo aguas abajo, Mazón tampoco declaró el nivel 3 de la emergencia porque también estaba desaparecido, en este caso en “El pentorro”.
Con todo este panorama, las responsabilidades penales por la DANA en el juzgado de Catarroja, ya no serían tan importantes si el PP y el PSOE alcanzaran un acuerdo y firmaran el pacto para la asunción de las responsabilidades civiles y políticas por los errores cometidos en la gestión de la tragedia.
Este acuerdo, dice el juez Presencia, debería pasar necesariamente por el cese en bloque de los dos ministros implicados, Marlaska y Robles (Ribera ya está fuera del Gobierno), y la dimisión del presidente Mazón.
Así concebido, el pacto incluiría la aprobación de los presupuestos generales, necesarios para que el Estado sea quien se haga cargo de las indemnizaciones por los daños personales y materiales de la DANA, y de los importes exigidos para la “Reconstrucción”.
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26.03.202508:40
🔴La Audiencia de Valencia corregirá a la juez de Catarroja y anulará la imputación de Salomé Prada como principal responsable del sumario de la dana, porque no es la Generalitat sino el Estado quien debe ser declarado responsable civil subsidiario por el desbordamiento del barranco del poyo al ser competencia de la CH del Júcar, su gestión por la ley de aguas, como ya viene advirtiendo el juez Presencia.
Lo mismo ocurrió con el sumario por la rotura de la presa “de Tous”, que fue anulado varias veces, llegando incluso a ser corregidos los jueces por el Tribunal Supremo porque no se terminaba de encontrar un responsable penal que fuera capaz de desplegar la Responsabilidad Civil Subsidiaria del Estado que ya exigía el Código Penal entonces vigente.
Por esa razón, y para despejar las dudas, la Ley de aguas 29/985, de 8 de agosto, estableció que la gestión de los recursos hídricos, y entre ellos los cauces y los ríos, es de las Confederaciones Hidrográficas (CH).
En el caso del barranco del poyo, su gestión es competente de la CH del Júcar, que además pertenece a la Administración del Estado a través del Ministerio para la Transición Ecológica, cuya titularidad, y máxima responsable del 29 de octubre de 2024 era Teresa Ribera.
Salomé Prada era la Consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana cuando se desbordó el barranco del poyo y, además, presidía el CECOPI, que es la autoridad máxima para gestionar las emergencias.
Pero la competencia para advertir y declarar estas emergencias, cuando se trata de una riada, corresponde a la Confederación Hidrográfica (en este caso la del Júcar), que es quien debe hacer las lecturas de los sensores instalados en los cauces y debe ser quien advierta del peligro de posibles avenidas.
El máximo responsable de la CH del Júcar es Miguel Polo Cebellán, que sin embargo no aparece tampoco como investigado en el sumario de la dana.
Y mientras que no se dirija el procedimiento contra alguna autoridad o funcionario de la administración central, no se podrá desplegar la Responsabilidad CivilSubsidiaria del Estado que exige el artículo 121 del Código Penal actualmente vigente.
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Lo mismo ocurrió con el sumario por la rotura de la presa “de Tous”, que fue anulado varias veces, llegando incluso a ser corregidos los jueces por el Tribunal Supremo porque no se terminaba de encontrar un responsable penal que fuera capaz de desplegar la Responsabilidad Civil Subsidiaria del Estado que ya exigía el Código Penal entonces vigente.
Por esa razón, y para despejar las dudas, la Ley de aguas 29/985, de 8 de agosto, estableció que la gestión de los recursos hídricos, y entre ellos los cauces y los ríos, es de las Confederaciones Hidrográficas (CH).
En el caso del barranco del poyo, su gestión es competente de la CH del Júcar, que además pertenece a la Administración del Estado a través del Ministerio para la Transición Ecológica, cuya titularidad, y máxima responsable del 29 de octubre de 2024 era Teresa Ribera.
Salomé Prada era la Consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana cuando se desbordó el barranco del poyo y, además, presidía el CECOPI, que es la autoridad máxima para gestionar las emergencias.
Pero la competencia para advertir y declarar estas emergencias, cuando se trata de una riada, corresponde a la Confederación Hidrográfica (en este caso la del Júcar), que es quien debe hacer las lecturas de los sensores instalados en los cauces y debe ser quien advierta del peligro de posibles avenidas.
El máximo responsable de la CH del Júcar es Miguel Polo Cebellán, que sin embargo no aparece tampoco como investigado en el sumario de la dana.
Y mientras que no se dirija el procedimiento contra alguna autoridad o funcionario de la administración central, no se podrá desplegar la Responsabilidad CivilSubsidiaria del Estado que exige el artículo 121 del Código Penal actualmente vigente.
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25.03.202509:00
🔴Querellada por prevaricación la magistrada que archivó la denuncia del juez Presencia contra el fiscal “Demetrio” de Talavera y su esposa -que construyeron un chalet en el cauce de un río-, por decir en la resolución que, “si bien los hechos relatados en la denuncia pueden ser constitutivos de infracción penal, los denunciados son desconocidos”.
Esto es lo que dice el auto acordado por el juzgado número 2 de Talavera de la Reina, del que precisamente es titular el magistrado Fernando Presencia Crespo, en sus D.P. 25/2021.
La resolución, que fue notificada personalmente al juez decano de Talavera de la Reina el pasado 11 de marzo, dice textualmente que “en el supuesto de autos, si bien los hechos relatados en la denuncia pueden ser constitutivos de infracción penal, no puede continuarse la causa sin la presencia de un investigado, cuya declaración resulta imprescindible en la instrucción de la causa, siendo el sobreseimiento provisional de la resolución que, en abstracto, procede a dar cabida a casos como el presente, en el que, aun cuando los hechos relatados en la denuncia pudieran ser constitutivos de infracción penal, no existen en principio indicios para atribuir su perpetración a persona alguna.”
Y sigue diciendo la resolución que, “las presentes diligencias previas se incoaron en virtud de auto de fecha 20 de enero del 2021, habiendo transcurrido sobradamente el plazo de 12 meses, que prevé el artículo 324 LECrim, sin que se haya acordado la prórroga de la instrucción, ni se haya podido identificar a ningún investigado”.
La denuncia a la que se refiere el auto, fue la que interpuso el juez Presencia y la Asociación contra la Corrupción, que lidera (ACODAP), contra el fiscal Ángel “Demetrio” de la Cruz Andrade, su esposa, María García García, y los comisarios de aguas del Tajo, Javier Díaz Regañón Jiménez y José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.
En aquella denuncia se hacía referencia al delito medioambiental que habían cometido el fiscal de la Ciudad de la Cerámica y su esposa al construir el chalet donde vivían ambos en el cauce de un río.
En concreto, se trata del Arroyo de la Fuente o Berrenchin, en el término municipal de Pepino.
Para ello, ambos denunciados contaron con la complicidad de los comisarios de aguas, también denunciados, que dejaron de ejecutar la resolución que ellos mismos acordaron, ordenando la demolición del chalet.
Así lo afirmaba además el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, que le pedía al juzgado de instrucción que primero conoció de las actuaciones, interesándole que continuara la investigación de la causa contra los cuatro denunciados.
La Audiencia Provincial de la capital madrileña ordenó la incoación del procedimiento, si bien terminó enviándolo a los juzgados de Talavera de la Reina.
Fue la AP de Toledo la que planteó cuestión de competencia y elevó las actuaciones al Tribunal Supremo, quien se la devolvió al juzgado para que fuera él quien planteara la cuestión.
Esto ocurrió el 10 de abril de 2023. Sin embargo, lejos de poner los hechos en conocimiento del juzgado de lo penal que condenó al Juez Presencia por calumnias, para que revisara la sentencia, el juzgado de instrucción aguantó la causa abierta durante los casi dos años que lleva encarcelado ilegalmente el magistrado por un delito que nunca cometió.
Ha sido ahora la magistrada que ocupa temporalmente el juzgado del decano de Talavera de la Reina, quien ha reconocido los hechos a modo de arrepentimiento, ante la inminente vuelta a su plaza del juez Presencia.
📃DOCUMENTO: https://t.me/juezFernandoPresencia/3691
Esto es lo que dice el auto acordado por el juzgado número 2 de Talavera de la Reina, del que precisamente es titular el magistrado Fernando Presencia Crespo, en sus D.P. 25/2021.
La resolución, que fue notificada personalmente al juez decano de Talavera de la Reina el pasado 11 de marzo, dice textualmente que “en el supuesto de autos, si bien los hechos relatados en la denuncia pueden ser constitutivos de infracción penal, no puede continuarse la causa sin la presencia de un investigado, cuya declaración resulta imprescindible en la instrucción de la causa, siendo el sobreseimiento provisional de la resolución que, en abstracto, procede a dar cabida a casos como el presente, en el que, aun cuando los hechos relatados en la denuncia pudieran ser constitutivos de infracción penal, no existen en principio indicios para atribuir su perpetración a persona alguna.”
Y sigue diciendo la resolución que, “las presentes diligencias previas se incoaron en virtud de auto de fecha 20 de enero del 2021, habiendo transcurrido sobradamente el plazo de 12 meses, que prevé el artículo 324 LECrim, sin que se haya acordado la prórroga de la instrucción, ni se haya podido identificar a ningún investigado”.
La denuncia a la que se refiere el auto, fue la que interpuso el juez Presencia y la Asociación contra la Corrupción, que lidera (ACODAP), contra el fiscal Ángel “Demetrio” de la Cruz Andrade, su esposa, María García García, y los comisarios de aguas del Tajo, Javier Díaz Regañón Jiménez y José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.
En aquella denuncia se hacía referencia al delito medioambiental que habían cometido el fiscal de la Ciudad de la Cerámica y su esposa al construir el chalet donde vivían ambos en el cauce de un río.
En concreto, se trata del Arroyo de la Fuente o Berrenchin, en el término municipal de Pepino.
Para ello, ambos denunciados contaron con la complicidad de los comisarios de aguas, también denunciados, que dejaron de ejecutar la resolución que ellos mismos acordaron, ordenando la demolición del chalet.
Así lo afirmaba además el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, que le pedía al juzgado de instrucción que primero conoció de las actuaciones, interesándole que continuara la investigación de la causa contra los cuatro denunciados.
La Audiencia Provincial de la capital madrileña ordenó la incoación del procedimiento, si bien terminó enviándolo a los juzgados de Talavera de la Reina.
Fue la AP de Toledo la que planteó cuestión de competencia y elevó las actuaciones al Tribunal Supremo, quien se la devolvió al juzgado para que fuera él quien planteara la cuestión.
Esto ocurrió el 10 de abril de 2023. Sin embargo, lejos de poner los hechos en conocimiento del juzgado de lo penal que condenó al Juez Presencia por calumnias, para que revisara la sentencia, el juzgado de instrucción aguantó la causa abierta durante los casi dos años que lleva encarcelado ilegalmente el magistrado por un delito que nunca cometió.
Ha sido ahora la magistrada que ocupa temporalmente el juzgado del decano de Talavera de la Reina, quien ha reconocido los hechos a modo de arrepentimiento, ante la inminente vuelta a su plaza del juez Presencia.
📃DOCUMENTO: https://t.me/juezFernandoPresencia/3691
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29.03.202520:02
🔴La querella del juez Presencia contra varios magistrados de la AN por su encarcelamiento ilegal, ha surgido efecto: Antonio Piña, que fue recusado, se ha apartado del procedimiento y Santiago Pedraz, que le ha sustituido, ha suspendido todas las actuaciones, incluida la declaración de su colaborador Albert Portabella, que estaba señalada para el próximo 31 de marzo.
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Noticias Rafapal
09.04.202507:59
La última hora sobre el estado del preso de conciencia más importante de la "democracia" española, el Juez Fernando Presencia, en la cárcel por denunciar la corrupción de la justicia, a continuación.
https://youtu.be/7wPLDggQE7I?si=6YwRh44EWBeRglYP
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21.03.202508:43
🔴EL JUEZ PRESENCIA VUELVE A CASA:
El equipo jurídico de ACODAP ha pedido al Juzgado Central 6 de la AN que corrija los errores materiales del auto del 21 de julio de 2023 que impedían su libertad provisional, para que se proceda ahora a su excarcelación definitiva.
El escrito dice así:
¨A la vista de que en la ejecutoria 53/2023 del Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, no consta que se haya dictado el preceptivo auto de ingreso en prisión como penado de nuestro representado, ni siquiera existe constancia testimoniada de que la sentencia condenatoria que le sirve de título sea firme, es por lo que dejamos interesado se proceda a la rectificación, por ERRORES MATERIALES, al amparo de lo dispuesto en el artículo 267 LOPJ, del contenido del auto de este juzgado de fecha 21 de julio de 2023, eliminando íntegramente el último párrafo del RAZONAMIENTO JURÍDICO ÚNICO del mencionado auto, y la frase del párrafo primero de la PARTE DISPOSITIVA, “salvo que estuviera privado de libertad por otra causa”, que deberá ser sustituida por “debiendo proceder del centro penitenciario a la excarcelación definitiva del interno”.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva a rectificar el error material advertido en el auto de fecha 21 de julio de 2023, al amparo de lo dispuesto en el artículo 267 LOPJ, eliminando íntegramente el último párrafo del RAZONAMIENTO JURÍDICO ÚNICO y la frase del párrafo primero de la PARTE DISPOSITIVA, “salvo que estuviera privado de libertad por otra causa”, que deberá ser sustituida por “debiendo proceder el centro penitenciario a la excarcelación definitiva del interno”.
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El equipo jurídico de ACODAP ha pedido al Juzgado Central 6 de la AN que corrija los errores materiales del auto del 21 de julio de 2023 que impedían su libertad provisional, para que se proceda ahora a su excarcelación definitiva.
El escrito dice así:
¨A la vista de que en la ejecutoria 53/2023 del Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, no consta que se haya dictado el preceptivo auto de ingreso en prisión como penado de nuestro representado, ni siquiera existe constancia testimoniada de que la sentencia condenatoria que le sirve de título sea firme, es por lo que dejamos interesado se proceda a la rectificación, por ERRORES MATERIALES, al amparo de lo dispuesto en el artículo 267 LOPJ, del contenido del auto de este juzgado de fecha 21 de julio de 2023, eliminando íntegramente el último párrafo del RAZONAMIENTO JURÍDICO ÚNICO del mencionado auto, y la frase del párrafo primero de la PARTE DISPOSITIVA, “salvo que estuviera privado de libertad por otra causa”, que deberá ser sustituida por “debiendo proceder del centro penitenciario a la excarcelación definitiva del interno”.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva a rectificar el error material advertido en el auto de fecha 21 de julio de 2023, al amparo de lo dispuesto en el artículo 267 LOPJ, eliminando íntegramente el último párrafo del RAZONAMIENTO JURÍDICO ÚNICO y la frase del párrafo primero de la PARTE DISPOSITIVA, “salvo que estuviera privado de libertad por otra causa”, que deberá ser sustituida por “debiendo proceder el centro penitenciario a la excarcelación definitiva del interno”.
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07.04.202519:10
Ayer, el Equipo Royuela ha publicado unos nuevos mensajes interceptados al ex presidente español Rodríguez Zapatero muy importantes, porque supondrían la confirmación de que la Logia de Miami le ha "abandonado a su suerte". A partir del minuto 9 se cuenta que Rodríguez Zapatero ordena a la ministra de Defensa que investigue a una consultora que prescinde de sus servicios supuestamente por orden de la Logia de Miami y en concreto le dice que "desentierre la información sobre los destrozos que hicieron con los niños" (en Guadalix), dando a entender que van a sacar a la luz la pederastia de algunos de los miembros de esa logia. De paso, nos enteramos de que Zapatero realiza sus servicios de "mediación internacional", particularmente China e Hispanoamérica, a través de consultoras. https://www.youtube.com/watch?v=rsiTokk9C0g&t=1087s
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21.03.202514:13
🔴EL “ESCÁNDALO DE LOS EXPEDIENTES FALSOS EN LAS CÁRCELES” SE SUPERA CADA DÍA MÁS:
El equipo jurídico de ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Presencia, tiene que presentar un “habeas corpus” en el Juzgado de Guardia de Salamanca para frenar el cumplimiento de una sanción falsa que pretende ejecutar la cárcel de Topas en el asunto “Agujetas”.
Recordemos que el recluso al que le han hecho el desaguisado se llama ENRIQUE AGUJETA ALDEANO, que comparte ahora, el mismo módulo que el juez Presencia en el centro penitenciario de TOPAS (Salamanca).
Ambos han sido represaliados con expedientes disciplinarios falsos por denunciar, junto con el rapero “Fénix”, las torturas de la cárcel de Logroño, regentada por la conocida como la “directora psicópata”, Laura Peña Sánchez.
La supuesta sanción por “amotinamiento” parece que fue acordada en el expediente disciplinario 30/2025 incoado en la prisión riojana cuando AGUJETA ya se le había acordado el traslado a Salamanca, lo que está prohibido por el reglamento penitenciario (R.P.).
El competente para acordar la apertura de expedientes sancionadores en estos casos de traslados corresponde al centro de destino (ART. 231R.P.).
Según ha denunciado AGUJETA de manera reiterada, la supuesta sanción nunca le fue notificada formalmente y, por eso, nunca pudo formular contra ella ningún tipo de recurso.
La sorpresa le ha llegado dos veces.
La primera fue cuando recibió un auto, con fecha de 19 de febrero de 2025, dictado en el supuesto “ASUNTO: G03 REC.CONTRA SANCIONES DISCIPLI.REC. ALZADA 000214/2025” del JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA N.1 LOGROÑO, en el que la jueza EMMA VITORIA MARÍN, le dice que ha acordado “desestimar el recurso de alzada”presentado por él “contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Logroño, de fecha 11/02/2025. Acuerdo que se confirma”.
Después de que el equipo jurídico de ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Presencia, solicitará corregir el evidente ERROR MATERIAL (ART. 267 LOPJ), ha llegado la segunda sorpresa, todavía más inaudita que la anterior.
Ahora ha sido el secretario judicial, Javier Marcos Solá, el que afirma mediante una diligencia de ordenación, de fecha 10 de marzo: “Que el interno manifestó verbalmente (en TOPAS) su deseo de recurrir el Exp. Dis. 30/2025, tramitándose por este juzgado y resuelto, desestimándolo”.
Todo un disparate.
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El equipo jurídico de ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Presencia, tiene que presentar un “habeas corpus” en el Juzgado de Guardia de Salamanca para frenar el cumplimiento de una sanción falsa que pretende ejecutar la cárcel de Topas en el asunto “Agujetas”.
Recordemos que el recluso al que le han hecho el desaguisado se llama ENRIQUE AGUJETA ALDEANO, que comparte ahora, el mismo módulo que el juez Presencia en el centro penitenciario de TOPAS (Salamanca).
Ambos han sido represaliados con expedientes disciplinarios falsos por denunciar, junto con el rapero “Fénix”, las torturas de la cárcel de Logroño, regentada por la conocida como la “directora psicópata”, Laura Peña Sánchez.
La supuesta sanción por “amotinamiento” parece que fue acordada en el expediente disciplinario 30/2025 incoado en la prisión riojana cuando AGUJETA ya se le había acordado el traslado a Salamanca, lo que está prohibido por el reglamento penitenciario (R.P.).
El competente para acordar la apertura de expedientes sancionadores en estos casos de traslados corresponde al centro de destino (ART. 231R.P.).
Según ha denunciado AGUJETA de manera reiterada, la supuesta sanción nunca le fue notificada formalmente y, por eso, nunca pudo formular contra ella ningún tipo de recurso.
La sorpresa le ha llegado dos veces.
La primera fue cuando recibió un auto, con fecha de 19 de febrero de 2025, dictado en el supuesto “ASUNTO: G03 REC.CONTRA SANCIONES DISCIPLI.REC. ALZADA 000214/2025” del JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA N.1 LOGROÑO, en el que la jueza EMMA VITORIA MARÍN, le dice que ha acordado “desestimar el recurso de alzada”presentado por él “contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Logroño, de fecha 11/02/2025. Acuerdo que se confirma”.
Después de que el equipo jurídico de ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Presencia, solicitará corregir el evidente ERROR MATERIAL (ART. 267 LOPJ), ha llegado la segunda sorpresa, todavía más inaudita que la anterior.
Ahora ha sido el secretario judicial, Javier Marcos Solá, el que afirma mediante una diligencia de ordenación, de fecha 10 de marzo: “Que el interno manifestó verbalmente (en TOPAS) su deseo de recurrir el Exp. Dis. 30/2025, tramitándose por este juzgado y resuelto, desestimándolo”.
Todo un disparate.
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Қайта жіберілді:⚖️JUEZ PRESENCIA⚖️
31.03.202512:57
🔴JUEZ FERNANDO PRESENCIA: 635 DÍAS SECUESTRADO POR DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN
Hoy se cumplen 635 días desde que el juez Presencia fue privado de su libertad por las mismas instituciones que deberían proteger la justicia y la democracia. Su “delito” no ha sido otro que denunciar la corrupción que corroe las altas esferas del poder en España.
Durante años, el magistrado Presencia ha expuesto tramas de corrupción que involucran a jueces, fiscales y políticos. En lugar de investigar sus denuncias, el sistema ha decidido silenciarlo de la manera más cruel: encarcelándolo bajo falsas acusaciones y privándolo de su derecho a una defensa justa.
Su caso no es solo el de un juez represaliado, sino el de un país donde quien denuncia es castigado y donde la justicia ha sido secuestrada por los corruptos.
El juez Fernando Presencia lleva 635 días encarcelado por decir la verdad. Su lucha no es solo suya, es la de todos los ciudadanos que aún creen en la justicia.
Es hora de alzar la voz. Que nadie olvide su nombre. Que nadie olvide su lucha.
‼️NI UN PASO ATRÁS.‼️
Hoy se cumplen 635 días desde que el juez Presencia fue privado de su libertad por las mismas instituciones que deberían proteger la justicia y la democracia. Su “delito” no ha sido otro que denunciar la corrupción que corroe las altas esferas del poder en España.
Durante años, el magistrado Presencia ha expuesto tramas de corrupción que involucran a jueces, fiscales y políticos. En lugar de investigar sus denuncias, el sistema ha decidido silenciarlo de la manera más cruel: encarcelándolo bajo falsas acusaciones y privándolo de su derecho a una defensa justa.
Su caso no es solo el de un juez represaliado, sino el de un país donde quien denuncia es castigado y donde la justicia ha sido secuestrada por los corruptos.
El juez Fernando Presencia lleva 635 días encarcelado por decir la verdad. Su lucha no es solo suya, es la de todos los ciudadanos que aún creen en la justicia.
Es hora de alzar la voz. Que nadie olvide su nombre. Que nadie olvide su lucha.
‼️NI UN PASO ATRÁS.‼️
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